Campero busca en la Corte lo que todavía no consigue en la política

(por Ramón A. Palacios) Hay una vieja costumbre en la política argentina: cuando resulta difícil derrotar al adversario, siempre aparece alguien dispuesto a discutir si debería estar en condiciones de competir. En Tucumán, Mariano Campero quiere llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el artículo constitucional que contempla la reelección de Osvaldo Jaldo.

La Constitución tucumana, reformada en 2006, establece en su artículo 90 que quien haya ejercido dos períodos consecutivos como vicegobernador puede ser elegido gobernador y acceder posteriormente a una reelección. Jaldo fue vicegobernador entre 2015 y 2023 y asumió como gobernador electo en diciembre de ese último año. Su aspiración para 2027 encuentra, por lo tanto, un respaldo expreso en la Constitución provincial vigente.

Campero pretende cuestionar esa disposición antes de que exista una candidatura oficializada. Aunque es posible promover una acción declarativa contra la norma, todavía no hay una postulación formal de Jaldo que impugnar. La oportunidad elegida abre un interrogante político: si la prioridad es obtener una definición judicial anticipada o prolongar la controversia durante los meses previos a las elecciones.

La iniciativa también expone las diferencias dentro del propio universo libertario. Lisandro Catalán había planteado reparos a judicializar prematuramente la candidatura de Jaldo y mantiene una disputa con Campero por el armado opositor. Catalán, a su vez, enfrenta cuestionamientos sobre su domicilio y el cumplimiento de los requisitos de residencia para competir en Tucumán.

En ese enfrentamiento aparece la relación de Campero con Patricia Bullrich. Su alineamiento político con la dirigente nacional introduce otra incógnita: si busca fortalecer su posición dentro de La Libertad Avanza o si la disputa terminará provocando una fractura mayor en el espacio. Por ahora, esa posibilidad pertenece al terreno de las interpretaciones políticas.

El cuadro se completa con Soledad Molinuevo. La diputada libertaria recibió un fallo adverso en una causa por publicaciones realizadas en X sobre Jaldo y presentó un recurso para que la Corte provincial revise la decisión. También dejó abierta la posibilidad de recurrir al máximo tribunal nacional. La coincidencia agrega otro episodio judicial a la confrontación entre el oficialismo y la oposición.

Mientras tanto, Jaldo mantiene indicadores de opinión pública relevantes para la discusión electoral. En octubre, CB Global Data registró un 53,7% de imagen positiva para el gobernador. La misma consultora lo ubicó primero en un escenario de intención de voto, con 33,3%, seguido por Catalán con 29,4%. Una medición anterior de ÉPICA también había colocado a Jaldo al frente de las preferencias, aunque bajo un escenario electoral diferente.

Son fotografías de momentos determinados y no anticipan el resultado de 2027, pero permiten comprender por qué la candidatura del gobernador ocupa un lugar central en la estrategia opositora.

A esos indicadores se suma la trayectoria del peronismo tucumano, que gobierna la provincia desde 1999 y retuvo la Gobernación en 2015, 2019 y 2023. En la última elección, Jaldo obtuvo más de 612.000 votos y superó ampliamente a la fórmula encabezada por Roberto Sánchez. Esa continuidad electoral descansa también en una estructura de intendentes, legisladores y dirigentes con presencia territorial.

Campero tiene derecho a cuestionar la constitucionalidad de una norma. Pero una presentación judicial no equivale a una inhabilitación, ni convierte automáticamente una controversia política en un impedimento para competir.

La Constitución tucumana contempla la reelección de Jaldo desde hace veinte años. Campero quiere discutirla ahora, cuando todavía no existe una candidatura oficializada. La Justicia deberá pronunciarse sobre los planteos que correspondan; lo que resulta evidente es que prolongar una acusación pública y demostrar un impedimento constitucional son dos cosas muy diferentes.