Casi 5 de cada 10 hogares con dificultades económicas pidieron dinero para llegar a fin de mes

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advirtió que el 49,2% de los hogares con estrés económico recurrió a préstamos para afrontar gastos corrientes.

Casi 5 de cada 10 hogares con dificultades económicas tuvieron que pedir dinero prestado para sostener sus gastos habituales, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, que analizó la vulnerabilidad financiera de las familias antes del fuerte crecimiento de la morosidad.

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El estudio reveló que durante el tercer trimestre de 2025 el 27,4% de los hogares recurrió a familiares, amigos, financieras u otras fuentes para cubrir gastos corrientes. Sin embargo, entre aquellos que atravesaban una situación de estrés económico, es decir, cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas, la proporción trepó al 49,2%.

La diferencia también fue marcada al observar la situación de pobreza. El 44,4% de los hogares pobres se endeudó para afrontar gastos del día a día, casi el doble que entre los no pobres, donde el porcentaje fue del 22,4%. Por nivel socioeconómico, la proporción fue creciendo a medida que descendían los ingresos: pasó del 11,8% en el estrato medio-alto al 47,5% en el muy bajo.

El panorama fue todavía más complejo entre los hogares que combinaban pobreza y estrés económico, donde el 55,8% pidió dinero para afrontar gastos cotidianos. Entre los no pobres con estrés, la cifra alcanzó el 44,7%, mientras que entre los pobres sin estrés fue del 17,7%.

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Según el ODSA, "la insuficiencia inmediata de ingresos aparece como el correlato más próximo del recurso al préstamo, sobre una vulnerabilidad estructural que la pobreza profundiza".

El informe también mostró diferencias según la región. La mayor incidencia se registró en el resto urbano, con 30,6%, seguido por el conurbano bonaerense, con 29,7%, y otras grandes áreas metropolitanas, con 26,5%. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el nivel total fue del 12,8%.

El estudio se conoce en un contexto de fuerte aumento de la mora. De acuerdo con datos del Banco Central, la irregularidad del crédito bancario a las familias llegó en junio al 12,8% del saldo, frente al 2,5% con el que había terminado 2024.

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Al sumar acreedores bancarios y no bancarios, se estimó que había 5,86 millones de personas con al menos una deuda atrasada. Del total, el 17% debía menos de $100.000 y cerca del 40% registraba una deuda inferior al salario mínimo vigente en ese momento.

Una encuesta de Inteligencia Analítica también mostró que buena parte del endeudamiento estuvo destinado a gastos esenciales: el 44,5% mencionó alimentos y productos básicos, mientras que el 32% señaló servicios, impuestos, alquiler y vivienda. Además, el 77,2% afirmó haber tomado una nueva deuda para cancelar otra durante los seis meses previos.

Agustín Salvia, director del Observatorio, explicó que durante 2025 se había generado un clima de endeudamiento basado en la expectativa de una mejora futura de los ingresos y la actividad económica, aunque detrás de esa dinámica persistía una marcada fragilidad financiera en muchos hogares.

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El ODSA aclaró que los resultados no permiten afirmar que los hogares que pidieron dinero prestado en 2025 sean necesariamente los mismos que luego cayeron en mora, aunque sostuvo que el escenario ayuda a comprender el deterioro de la capacidad de pago.

"Cuando el crédito deja de adelantar un consumo durable y empieza a cubrir el presupuesto ordinario, cualquier pérdida de ingreso, aumento de gastos fijos o encarecimiento de la refinanciación reduce rápidamente la capacidad de pago", señaló el informe.

El organismo remarcó que el problema no está en el acceso al crédito en sí mismo, sino en su utilización como una herramienta defensiva por parte de familias sin margen financiero y bajo condiciones costosas.

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Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que el aumento de la morosidad constituye un problema entre privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la situación no representa un riesgo sistémico y descartó por el momento medidas específicas destinadas a aliviar a los deudores.

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