EEUU propuso disolver el comité de la ONU en el que la Argentina sostiene su reclamo por Malvinas
Estados Unidos propuso poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el órgano en el que la Argentina defiende cada...
Estados Unidos propuso poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el órgano en el que la Argentina defiende cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y desde el cual la comunidad internacional insta a Buenos Aires y Londres a reanudar las negociaciones. La iniciativa de la administración de Donald Trump abre un interrogante sobre el futuro de uno de los principales foros multilaterales en los que el país sostiene su posición sobre el archipiélago.
El planteo quedó registrado en una resolución publicada el 15 de octubre por la ONU, en la que se consignó que la representante estadounidense solicitó la finalización del mandato del comité y cuestionó el uso de recursos destinados a sus actividades. Según la delegada, el organismo "dejó de cumplir su propósito original" y continúa revisando año tras año los mismos asuntos, pese a los cambios registrados en el proceso de descolonización.
La representante también cuestionó los viajes anuales del comité a territorios del Caribe y del Pacífico Sur, al considerar que representan un gasto innecesario de tiempo y recursos de las Naciones Unidas. En el documento, identificado como GA/SPD/841, no hubo una mención específica a las Islas Malvinas.
La propuesta adquiere relevancia por el papel que desempeña el Comité Especial de Descolonización -conocido como C-24- en la estrategia diplomática argentina. Desde hace décadas, ese ámbito respalda el llamado a la Argentina y al Reino Unido para que retomen las negociaciones sobre la disputa de soberanía.
La iniciativa estadounidense, sin embargo, no implica por sí misma la disolución del organismo: una decisión de esa naturaleza deberá ser adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El C-24 fue creado en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General para supervisar el proceso de descolonización y promover el fin del colonialismo. En ese ámbito, la Argentina presenta anualmente sus argumentos para reclamar la reanudación del diálogo con el Reino Unido por la soberanía de las islas.
El organismo examina la situación de los territorios no autónomos que aún permanecen bajo administración de potencias coloniales. El Reino Unido administra 10 de los 17 territorios incluidos en esa categoría, entre ellos las Malvinas.
En su argumentación, Estados Unidos cuestionó la continuidad de algunas de las actividades del comité y puso como ejemplo el caso de Puerto Rico. La representante recordó que la Asamblea General retiró en 1953 a ese territorio de la lista de territorios no autónomos, pero señaló que el C-24 continúa celebrando audiencias anuales sobre su situación política.
"Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos" de campañas políticas, sostuvo la delegada, según el documento difundido por las Naciones Unidas.
El planteo se inscribe en la política de la administración Trump de revisar el funcionamiento de los organismos internacionales, reducir gastos y promover cambios en la estructura de las Naciones Unidas. Washington utiliza su condición de principal contribuyente financiero como argumento para impulsar una reforma de mayor alcance.
La iniciativa estadounidense se conoce en un momento de creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido por el futuro de las Malvinas y la explotación de sus recursos naturales.
El Gobierno de Javier Milei intensificó en los últimos meses las gestiones diplomáticas y jurídicas para cuestionar las actividades petroleras impulsadas por empresas que operan en las aguas circundantes al archipiélago sin autorización argentina.
En junio, durante la reunión anual del Comité Especial de Descolonización, el canciller Pablo Quirno denunció la "militarización" de las islas y la "explotación unilateral de los recursos naturales" por parte del Reino Unido. También reclamó que las autoridades británicas retomen las negociaciones directas por la soberanía.
Más recientemente, la administración libertaria avanzó con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas destinadas a frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion. La iniciativa generó una respuesta del Reino Unido, que ratificó su respaldo a las actividades de las empresas involucradas.
En paralelo, el Gobierno impulsa en el Congreso una denominada Ley de Soberanía, que contempla sanciones para compañías que presten servicios vinculados con la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las islas. Las empresas de origen estadounidense transmitieron su preocupación a las autoridades argentinas por el alcance de algunos artículos y por la amplitud de las conductas que podrían ser sancionadas.
Las compañías plantearon reparos sobre la precisión de la redacción y reclamaron una delimitación más clara de las empresas que podrían quedar alcanzadas por la norma.
El escenario también pone a prueba la relación entre Milei y Trump. El Presidente argentino reforzó su alineamiento con Washington y buscó respaldo para su estrategia sobre Malvinas, en parte a partir de declaraciones del mandatario estadounidense que alimentaron expectativas sobre una eventual revisión de la posición histórica de neutralidad de su país respecto de la soberanía del archipiélago.
Trump incluso se mostró dispuesto a considerar un eventual papel de mediación. Sin embargo, después de su encuentro en Nueva York con el primer ministro británico, Andy Burnham, durante el cual abordaron la cuestión de las islas, no se conocieron nuevos pronunciamientos públicos del presidente estadounidense sobre el tema.
El mes pasado, Milei mantuvo una reunión en Nueva York con el secretario de Estado, Marco Rubio. Además, ambos gobiernos informaron posteriormente sobre una conversación telefónica en la que reafirmaron la solidez de la asociación bilateral. No trascendió si durante esos contactos se abordó la situación de las Malvinas o la iniciativa para frenar el proyecto Sea Lion.
La agenda bilateral continuará esta semana con la llegada a Buenos Aires de funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el subsecretario Christopher Landau y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en el marco de gestiones para promover inversiones estadounidenses en infraestructura.
La propuesta de Washington se suma a una agenda de revisión del funcionamiento de la ONU impulsada por la administración Trump, que promueve recortes presupuestarios y de personal y reclama cambios en la estructura de la organización. El debate se desarrolla, además, mientras está abierto el proceso para elegir al sucesor del actual secretario general, António Guterres.
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