El gobierno denunció penalmente a 5 petroleras que operan en Malvinas sin aval argentino

La medida judicial forma parte de una estrategia más amplia con el objetivo de proteger los derechos soberanos argentinos y recursos naturales en la región

Se presentó formalmente la denuncia penal tras el comunicado de la Oficina del Presidente

El gobierno denunció penalmente a cinco petroleras que operan en las Islas Malvinas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización de la Argentina. La denuncia fue presentada este martes ante la Justicia Federal y lleva la firma del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

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La medida se conoce después de que el presidente Javier Milei anunciara el endurecimiento de las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin contar con autorización argentina.

Según la presentación oficial, Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para explorar y explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La denuncia también alcanza a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., en su condición de accionistas de las sociedades involucradas.

El gobierno argentino sostiene que esas actividades se desarrollarían en presunta violación de la Ley 26.659, que establece el régimen aplicable a la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La ley mencionada anteriormente prevé penas de hasta 15 años de prisión.

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Además, la presentación judicial apunta contra quienes hayan participado en las actividades investigadas: directores, gerentes, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes y personas autorizadas.

El Ejecutivo pidió determinar si el entramado societario utilizado para financiar y desarrollar el proyecto petrolero Sea Lion podría configurar otros delitos, además de las infracciones previstas por la legislación hidrocarburífera. Entre ellos figuran asociación ilícita, lavado de activos, contaminación ambiental y contrabando.

Si la Justicia confirma la existencia de los delitos denunciados, la investigación podría extenderse a movimientos financieros y societarios realizados fuera del país mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.

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La presentación solicita que la Justicia avance con distintas medidas para identificar a las personas y empresas involucradas y preservar eventuales bienes vinculados con las operaciones investigadas.

Entre los pedidos figuran embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes, secuestro de insumos y decomiso de equipos, materiales e hidrocarburos que eventualmente se hayan extraído.

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El gobierno también solicitó que se implementen mecanismos de asistencia jurídica mutua internacional para obtener información societaria, bancaria, financiera, registral, contractual y operativa. Por último, la presentación contempla además el pedido de exhortos y oficios a organismos y autoridades extranjeras para avanzar en la investigación.

El Ejecutivo afirmó que la denuncia forma parte de una estrategia destinada a proteger los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

"La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina", sostuvo la Oficina del Presidente.

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En paralelo con la denuncia penal, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, que deberá enviarse al Congreso el 15 de septiembre, priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional.

Según la Oficina del Presidente, estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades del Estado para defender el territorio, proteger los recursos naturales y resguardar los intereses estratégicos de Argentina.

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