El Gobierno nacional oficializó los retiros voluntarios y ATE marchará a Olivos: "No se aguanta más"
El Gobierno nacional oficializó el régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional y la Asociación Trabajadores del...
El Gobierno nacional oficializó el régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos para este miércoles 21 de octubre. Bajo la consigna "No se aguanta más", el sindicato rechazará la medida y reclamará contra los despidos, el deterioro salarial y la reducción de las estructuras estatales.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la iniciativa y sostuvo que el programa supone una presión sobre los empleados para que acepten desvincularse de sus puestos. "No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social", afirmó.
El dirigente también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y anticipó que el gremio responderá con medidas de fuerza. La protesta incluirá reclamos por los despidos, la no renovación de contratos, la pérdida del poder adquisitivo y el cierre o vaciamiento de organismos públicos.
El régimen oficializado mediante el Decreto 1023/26 alcanza al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro del ámbito definido por la norma.
Según los datos difundidos por ATE, el universo potencialmente alcanzado por el programa asciende a 21.187 trabajadores. El cronograma establece que las solicitudes de adhesión podrán presentarse entre el 1° y el 30 de noviembre de 2026.
Uno de los puntos cuestionados por el sindicato es la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años para quienes accedan al retiro. La restricción comprende distintas modalidades de empleo y la contratación de servicios u obra.
El decreto también establece que la reducción de personal conseguida mediante el programa no podrá utilizarse para justificar nuevas incorporaciones. De este modo, los puestos que se reduzcan no podrán cubrirse posteriormente en los términos previstos por la norma.
Además, los trabajadores con mandato sindical vigente o que se hayan postulado como candidatos a delegados deberán presentar la renuncia al mandato o a la candidatura, condicionada a la aceptación del retiro, para adherir al régimen.
Aguiar rechazó que el programa constituya una decisión libre de los trabajadores y denunció que existe una amenaza de desvinculación detrás de la propuesta oficial.
"Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre", planteó el dirigente. También cuestionó la posibilidad de que los empleados sean pasados a disponibilidad y posteriormente despedidos si no aceptan la propuesta.
El titular de ATE sostuvo que la medida no responde únicamente a un objetivo de ahorro fiscal. Según su interpretación, el programa podría facilitar la contratación de consultoras privadas para realizar tareas que actualmente desempeñan trabajadores estatales.
El régimen contempla distintas modalidades de gratificación económica, según la edad y la situación previsional de cada empleado, con límites relacionados con la remuneración y la antigüedad computable. Sin embargo, la presentación de una solicitud no garantiza su aprobación: las autoridades podrán rechazarla cuando consideren necesario preservar la continuidad y la eficacia de los servicios.
La movilización está prevista para este miércoles 21 de octubre a las 17, en la Quinta Presidencial de Olivos. Aguiar justificó la elección del lugar al afirmar que el Gobierno concentra allí sus decisiones políticas.
"Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar", expresó el secretario general del sindicato.
ATE también vinculó el conflicto con las experiencias de retiros voluntarios implementadas durante la década de 1990 y advirtió sobre sus posibles consecuencias sociales y laborales. El gremio sostiene que la reducción de personal puede afectar la prestación de servicios esenciales y profundizar las dificultades de los trabajadores estatales.
La protesta incluirá reclamos por los despidos y la no renovación de contratos, el deterioro de los salarios frente a la inflación, las paritarias y el aumento del pluriempleo y el endeudamiento entre los empleados públicos.
"Que no dejen al Estado sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia", sostuvo Aguiar al cuestionar el programa oficial.
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