El Gobierno negocia para evitar el rechazo del DNU 70/23 en Diputados
El oficialismo busca acuerdos con bloques aliados y gobernadores para sostener el decreto en el Congreso, luego del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
El oficialismo busca acuerdos con bloques aliados y gobernadores para sostener el decreto en el Congreso, luego del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
Crédito: Foto: Juan Pablo Chaves/TN
Marcha convocada contra la Ley de Tierras
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El Gobierno nacional negocia con distintos sectores políticos para evitar que Diputados rechace el DNU 70/2023, después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras Rurales volviera a instalar el debate en el Congreso. El oficialismo pretende evitar que la Cámara Baja se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024.
La Casa Rosada analiza distintas alternativas para avanzar con las negociaciones. Entre ellas aparece la posibilidad de aceptar restricciones a la extranjerización de tierras dentro del proyecto de Ley de Propiedad Privada, a cambio de que los bloques aliados no acompañen un rechazo integral del decreto.
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El DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado con 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones. Sin embargo, Diputados todavía no completó el procedimiento establecido por la Ley 26.122, que determina que un decreto de necesidad y urgencia queda rechazado cuando ambas cámaras se pronuncian expresamente en contra.
El conflicto se reactivó luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual se derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción judicial. La decisión no analizó la constitucionalidad de fondo de la derogación.
Mientras sectores de la oposición buscan impulsar una sesión especial en Diputados para avanzar con el rechazo del DNU, el Gobierno intenta separar esa discusión de la política sobre tierras rurales. La estrategia oficial contempla negociar modificaciones sobre este último punto y, al mismo tiempo, preservar el resto de las reformas incluidas en el decreto.
El Ejecutivo considera que un rechazo integral del DNU podría generar una discusión sobre distintas regulaciones modificadas desde su entrada en vigencia. Por eso, busca alcanzar un acuerdo con aliados y gobernadores durante los próximos meses, antes de que la agenda electoral de 2027 reduzca el margen para las negociaciones parlamentarias.
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