El Gobierno sancionará a otras 15 empresas por actividades petroleras en Malvinas

La Casa Rosada amplió los procedimientos contra personas y compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Los nuevos expedientes se suman a otros 45 abiertos la semana pasada y forman parte de la estrategia de Javier Milei para frenar proyectos petroleros en el archipiélago.

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El Gobierno sancionará a otras 15 empresas por actividades petroleras en Malvinas El Gobierno sancionará a otras 15 empresas por actividades petroleras en Malvinas

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes la apertura de nuevos procedimientos sancionatorios contra 15 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. La medida se suma a los 45 expedientes iniciados la semana pasada contra actores que, según la administración nacional, desarrollan operaciones sin autorización argentina.

Los nuevos sumarios se iniciaron a partir de presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas y personas que participen en actividades relacionadas con hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización correspondiente.

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A través de un comunicado, el Gobierno sostuvo que los involucrados estarían relacionados con el desarrollo de actividades que considera ilegítimas en la zona de las Islas Malvinas.

"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", afirmó el Ejecutivo, que remarcó además que cada nuevo expediente forma parte de una política destinada a defender los derechos argentinos sobre el archipiélago.

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En el mismo documento, la Casa Rosada sostuvo que "las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos" y advirtió que "nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país".

El Gobierno explicó que la ampliación de los procedimientos es consecuencia de una tarea de identificación de los distintos actores que participan de las operaciones hidrocarburíferas cuestionadas. En ese sentido, anticipó que continuará incorporando nuevos involucrados a los expedientes.

La ofensiva oficial está directamente relacionada con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas próximas a las Islas Malvinas. Las compañías cuentan con permisos otorgados por las autoridades del archipiélago, que no son reconocidos por la Argentina.

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Como parte de la misma estrategia, el canciller Pablo Quirno presentó este lunes una denuncia penal contra cinco compañías: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. El Gobierno las acusa de operar a partir de licencias que considera ilegítimas.

El Ejecutivo aseguró que utilizará todas las herramientas disponibles para avanzar contra las empresas involucradas. "El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello", señaló el comunicado presidencial.

La decisión fue adoptada luego de una reunión de la mesa política del Gobierno, en la que también se definió avanzar con el envío a la Cámara de Diputados de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

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El proyecto contempla una modificación del esquema de sanciones previsto en la Ley 26.659 para endurecer las medidas contra compañías y proveedores que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina. Entre las herramientas previstas aparece, en determinados casos, la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia.

Además, la iniciativa plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía frente a posibles amenazas.

La estrategia también incluye dotar a ese organismo de instrumentos económicos y diplomáticos para responder ante acciones consideradas perjudiciales para los intereses nacionales, mientras el Gobierno avanza paralelamente con las gestiones para la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

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