"En Jujuy no permitiremos el hacinamiento de adolescentes"

La jueza de Menores de Jujuy, María del Pilar Medina, dio precisiones sobre el rol que asumirá el Poder Judicial en la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. "Nosotros somos los que vamos a controlar que se dé cumplimiento a todo lo vinculado con la ley. Les puedo asegurar que vamos a hacer un estricto control de que se cumpla con todos los requisitos, que no se vulnere la ley y menos los convenios internacionales sobre derechos humanos. En Jujuy no permitiremos el hacinamiento de adolescentes", aseveró la magistrada.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, Medina fue contundente al subrayar la función "fiscalizadora" que ejercerá la magistratura provincial frente al trabajo que vienen desarrollando el Ministerio Público de la Acusación, la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, y la cartera de Seguridad en materia de infraestructura y centros de admisión.

Frente a las especulaciones sobre un eventual uso masivo de las medidas privativas de la libertad, la jueza aclaró de manera enfática el espíritu de la legislación. "Todo el mundo cree que vamos a actuar de manera imperiosa con las prisiones de los menores, y no es la finalidad de la ley. La finalidad es socioeducativa, busca fomentar en el adolescente la responsabilidad por los actos que realiza, pero al mismo tiempo priorizando la integración social, la resocialización y la educación sobre el castigo", explicó.

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En esa línea, detalló que el encarcelamiento constituirá una medida "excepcionalísima" dentro del abanico de sanciones contempladas: "La prisión será el último recurso y por un tiempo mínimo, el más breve posible. Se van a aplicar otro tipo de medidas alternativas, como la obligación de realizar tareas comunitarias, restricciones y amonestaciones, teniendo siempre en cuenta la proporcionalidad con la gravedad del hecho cometido".

Uno de los ejes centrales destacados por Medina radica en la consolidación de las garantías constitucionales para los adolescentes a partir de los 14 años, edad fijada como límite de imputabilidad por la nueva norma. "Lo que buscamos es garantizar la aplicación del debido proceso. Todo adolescente va a tener derecho a ser asesorado desde el primer momento por un abogado técnico, además del acompañamiento de los defensores tutelares", indicó.

Asimismo, ponderó el cambio de paradigma hacia una justicia restaurativa que revaloriza el rol procesal de las víctimas.

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