La Corte Suprema rechazaría la impugnación contra la candidatura de Jaldo, pero podría tratar el caso en 2027
La presentación de Mariano Campero y sus aliados para impedir una eventual reelección del gobernador tendría una primera respuesta negativa. Según La Política Online, el máximo tribunal no quiere convertirse en una «consultoría jurídica» de la política y esperaría a que la candidatura esté oficializada para intervenir.

La ofensiva judicial de la oposición contra una eventual candidatura de Osvaldo Jaldo para un nuevo mandato abrió otro capítulo de la disputa política tucumana. El partido Cambia Tucumán, que conduce el diputado Mariano Campero, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un planteo para declarar inconstitucional el artículo 90 de la Constitución provincial.
Sin embargo, el movimiento podría no tener el efecto inmediato que buscaban sus impulsores: según publicó La Política Online, el máximo tribunal rechazaría la presentación porque todavía no existe un caso concreto que justifique su intervención.
La presentación fue impulsada por el legislador Manuel Courel, con el respaldo del PRO, Fuerza Republicana y CREO. El pedido apunta a impedir que Jaldo pueda competir por un segundo mandato consecutivo como gobernador, aunque el texto constitucional tucumano contempla expresamente esa posibilidad.
La oposición, en cambio, intenta instalar una interpretación que limita la continuidad en el Poder Ejecutivo y vuelve a poner sobre la mesa el antecedente de Juan Manzur, cuya candidatura a vicegobernador fue frenada en 2023.
Pero en los tribunales nacionales no tendrían demasiadas ganas de anticiparse a una discusión electoral que todavía no llegó a esa instancia. «La Corte no quiere ser una especie de consultoría jurídica para que sacarle las dudas a la política y recién intervendría cuando haya un caso concreto», señaló La Política Online al describir el criterio que atribuye a fuentes judiciales.
En otras palabras, los jueces no estarían dispuestos a resolver una hipótesis sobre una candidatura que todavía no fue oficializada.
El calendario electoral aparece como una pieza central. Las elecciones provinciales están previstas para el 9 de mayo de 2027 y las candidaturas se oficializarían aproximadamente un mes antes. Ese escenario dejaría un margen de alrededor de 30 días para que la Corte intervenga si la impugnación vuelve a plantearse cuando Jaldo formalice su postulación.
LPO también advirtió que, aunque el tribunal suele tomarse sus tiempos, en otros procesos electorales intervino incluso ante plazos ajustados.
La propia Fiscalía de Estado salió a defender la constitucionalidad de la norma. En declaraciones a FM latucumana 95.9, Gilda Pedicone de Valls confirmó que la demanda ingresó formalmente el martes a las 8 y ratificó la postura del Gobierno provincial. «Tenemos que defender a la provincia y defender en este caso la constitucionalidad de la propia Constitución», afirmó.
La funcionaria cuestionó además que los opositores hayan acudido directamente a la Corte nacional sin agotar primero las instancias judiciales tucumanas. Para Pedicone de Valls, la presentación tiene problemas de legitimación y competencia, además de abrir una discusión sobre la autonomía de las provincias para dictar sus propias reglas institucionales.
Sobre el fondo de la controversia, la fiscal fue contundente al diferenciar la situación de Jaldo de la que protagonizó Manzur. «Es una situación, si pudiéramos medirla en porcentaje, 100% distinta de lo que estamos discutiendo hoy», sostuvo.
Explicó que Manzur había sido dos veces vicegobernador y luego gobernador reelecto, y que en 2023 pretendió regresar a la fórmula como vicegobernador. Jaldo, en cambio, fue vicegobernador, luego elegido gobernador y ahora podría aspirar a la reelección en ese mismo cargo.
Pedicone de Valls también rechazó que el artículo 90 habilite una permanencia indefinida en el poder. «Tucumán tiene resuelto ese tema con periodicidad concreta: 4 años para un cargo con reelección, 4 años para otro con reelección, y la posibilidad de que alguien que ha sido vicegobernador pueda ser gobernador y ser reelecto. No es indefinido, es definido», argumentó.
La fiscal recordó que la Constitución provincial establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años y pueden ser reelegidos por un período consecutivo. También contempla que quien haya completado dos mandatos como vicegobernador pueda presentarse para gobernador y, si resulta electo, buscar una reelección consecutiva.
Mientras tanto, desde La Libertad Avanza tampoco hubo un respaldo cerrado a la maniobra opositora. Lisandro Catalán cuestionó a los espacios que impulsaron la demanda y lanzó: «No estamos de acuerdo, la única idea que se les cayó es que Jaldo no sea gobernador». Una declaración que deja expuesta otra interna dentro de la oposición tucumana.
Por ahora, la discusión sigue abierta y la Corte todavía no se pronunció sobre el fondo del planteo. La oposición busca convertir el artículo 90 en un obstáculo para Jaldo; el Gobierno provincial sostiene que la Constitución es clara y que la presentación ni siquiera debería prosperar por la vía elegida.
La definición judicial, si llega, podría quedar para cuando la disputa electoral deje de ser una hipótesis y se convierta en una candidatura formal.
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