Milei pone en venta AySA y denuncian que la entrega por el precio de tres meses de facturación

La motosierra de Javier Milei también llegó al agua. El Gobierno avanza con la privatización de AySA y ahora enfrenta cuestionamientos por el precio al que pretende vender la compañía: según denunció el diputado nacional Guillermo Michel, el 90% de las acciones se transferiría por apenas US$340 millones, una cifra que equivale a poco más de tres meses de facturación.

El legislador de Unión por la Patria puso los números sobre la mesa y planteó dudas sobre el valor de la operación. «AySA el año pasado, en términos operativos, ganó 273 millones de dólares. Y venden el 90% por 340 millones de dólares», señaló. Para Michel, la empresa está siendo «mal vendida o regalada».

Pero el precio no es el único punto que genera interrogantes. AySA cuenta con cuatro millones de conexiones y, de acuerdo con los cálculos del diputado, la operación representa unos 100 dólares por cada una. A cambio, el grupo inversor recibiría una concesión por 360 meses, es decir, 30 años.

Como si faltaran preguntas, Michel también apuntó contra la composición del consorcio comprador. Según denunció, entre sus integrantes habría empresas que actualmente son proveedoras de AySA. La posibilidad de que los futuros propietarios también sean contratistas de la compañía abrió otro frente de cuestionamientos.

«Van a estar de los dos lados del mostrador. Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas», advirtió en declaraciones a Radio 10. En ese escenario, reclamó que la Auditoría General de la Nación intervenga para revisar las condiciones de la privatización y las relaciones comerciales involucradas.

El otro temor está del lado de los usuarios. El diputado alertó que la transferencia al sector privado podría traducirse en aumentos de tarifas y cambios en las condiciones de prestación de un servicio esencial. «El agua es un derecho, es un bien esencial», recordó, antes de plantear qué ocurrirá si los nuevos operadores aplican incrementos que las familias no puedan afrontar.

La discusión ya tiene derivaciones institucionales. Michel señaló que existen actuaciones tanto en la Justicia en lo Contencioso Administrativo como en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para examinar la operación. También insistió en que la AGN debería auditar el proceso.

Como alternativa, propuso un esquema similar al de YPF: que el Estado conservara el 51% de las acciones para mantener capacidad de decisión sobre las tarifas y el plan de obras, mientras que el 49% restante se abriera al mercado para captar inversiones.

Mientras Milei acelera su programa de privatizaciones, la venta de AySA suma cuestionamientos por el precio, los potenciales conflictos de intereses y el futuro de las tarifas. Una operación que no solo pone en discusión cuánto vale una empresa pública, sino también quién tendrá en sus manos un servicio del que dependen millones de personas.