Milei vuelve a la carga por la reforma electoral en el Senado: 10 claves del proyecto de la Casa Rosada

En un intento de capitalizar el impacto de la cadena nacional en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei ordenó retomar en el Senado el debate por la reforma electoral. El proyecto fue enviado en abril, pero quedó paralizado por la falta de acuerdos con los aliados y la debilidad que viene mostrando LLA en el Congreso. Este intento por replantear el esquema institucional busca retomar la iniciativa de la agenda pública frente a un contexto económico complejo y a un electorado dividido, según mencionó el consultor y analista político Leandro Graglia en una entrevista con LG Play. La reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el martes 15.

De las 29 páginas que tiene el proyecto, su artículo 19 es el que provoca mayor resistencia: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La propuesta insta a derogar de forma completa el Título II de la Ley N° 26.571 y el Estado deja de organizar elecciones internas: cada agrupación política deberá definir sus candidaturas presidenciales y legislativas bajo sus propias cartas orgánicas. Según LLA, las PASO le cuestan al Estado U$S250 millones, pero un estudio reciente de la Fundación Éforo arrojó que suspender las Primarias en 2025 significó un ahorro menor a U$S10 millones.

Graglia mencionó que sin este instrumento los partidos minoritarios en grandes frentes quedarían supeditados a  las decisiones de las dirigencias principales sin posibilidad de disputar espacios, por eso es que el PRO y la UCR se plantearon en contra. En el caso del peronismo, a su vez, señaló que hay una marcada fragmentación a nivel nacional y en las provincias, y que la supresión de las PASO les resta una herramienta para dirimir liderazgos. "La clave para el oficialismo es que los demás no se junten", dijo, y señaló que la suma de sectores antimileistas supera la base del oficialismo, según estudios.

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El proyecto elimina completamente los aportes que el Gobierno estaba obligado a hacer a los partidos para la financiación de la campaña electoral y también la publicidad gratuita en radio y televisión. También quita el tope máximo de gastos que cada partido puede realizar en campaña y eleva considerablemente el límite de aportes que pueden realizar personas y empresas, que pasaría del 2% al 35% del gasto total. A su vez, se establece una regulación estricta del financiamiento partidario mediante la prohibición absoluta de recibir donaciones privadas de concesionarios o contratistas del Estado, personas que exploten juegos de azar, gobiernos extranjeros, personas jurídicas en general o personas procesadas/condenadas por evasión penal tributaria, narcotráfico, lavado de activos o fraude a la administración pública.

La propuesta incorpora conceptos del proyecto que fue rechazado en el Senado en 2025. Incorpora un artículo a la ley de Partidos Políticos que impide postularse a cargos públicos nacionales o ejercer funciones partidarias a cualquier persona que cuente con una condena por delito doloso confirmada por un tribunal de segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. En caso de una condena confirmada fuera dictada durante el año electoral, la prohibición tendrá efecto una vez terminadas las elecciones.

Otra de las propuestas de Milei es hacer modificaciones a la Boleta Única Papel (BUP) que debutó el año pasado: permitir la incorporación de un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido, en caso de que existan elecciones simultáneas y las provincias adhieran al sistema que ya se aplica a nivel nacional. También establece el sorteo público como método obligatorio para definir la ubicación de cada partido en la BUP.  Se mencionó también la intención de eliminar los debates obligatorios de candidatos, aunque eso no está plasmado explícitamente en la iniciativa.

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La reforma eleva los requisitos de afiliación y mantenimiento de las agrupaciones políticas. Para obtener la personería en un distrito, las agrupaciones en formación tendrán un plazo de 180 días corridos para reunir afiliados en un número equivalente a por lo menos el 0,5% del padrón distrital (con un tope de dos millones de electores como límite de cálculo). También se endurecen las causales de caducidad automática de la personería, como ausentarse en dos elecciones nacionales consecutivas o no alcanzar el 3% del padrón electoral en alguna de las últimas elecciones.

Con respecto a los parlamentarios del Mercosur, la iniciativa suspende la elección hasta que se defina una fecha de votación conjunta de todo el bloque. Mientras tanto será la Cámara de Diputados las que designe entre sus miembros a los representantes argentinos.

La campaña en medios de comunicación podrá realizarse sin límites de tiempo, e incluso durante la veda electoral. Actualmente, la propaganda se permitía a partir de 35 días antes de las elecciones y hasta 48 horas previas a los comicios, en el inicio de la veda electoral. Estas medidas, no obstante, no se aplican en redes sociales. Además, se reduce la prohibición de publicación de encuestas a 48 horas antes de la elección (actualmente el límite es de ocho días) y durante las dos horas posteriores (ahora son tres horas).

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"Para nada estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO, sino también con una modificación electoral a nivel nacional", dijo el gobernador Osvaldo Jaldo la semana pasada y dejó firme su postura. Añadió que cambiar las reglas electorales "sobre la marcha" no resulta conveniente.

Al igual Jaldo, las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazaron el proyecto tal cual lo envió Milei al Congreso. "Es un traje a medida de LLA", dijo la famaillense. Ávila, en tanto, coincidió con que cambiar las reglas electorales no es conveniente. "Estamos en contra de la eliminación de las PASO. Es la posibilidad que tienen los partidos y los ciudadanos de dirimir entre varios candidatos y no ser puestos a dedo", dijo.

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