Proyecto para proteger el ingreso de los hogares
Por el endeudamiento, busca frenar embargos y débitos automáticos.

Ante el alarmante nivel de morosidad y sobreendeudamiento que asfixia a millones de familias argentinas, la diputada nacional María Inés Zigarán (UCR - Provincias Unidas) impulsó un proyecto de ley integral para la creación del "Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Personas Humanas". La iniciativa busca frenar los abusos financieros, proteger el mínimo vital de los hogares e incorporar en la legislación argentina la figura de la "segunda oportunidad" para deudores de buena fe.
El proyecto aborda un problema estructural de flujo de ingresos: familias con empleo o jubilación que, acorraladas por altas tasas de interés y refinanciaciones sucesivas, no logran cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y servicios.
"El sobreendeudamiento de los hogares dejó de ser un caso aislado para convertirse en una crisis que golpea la dignidad de las familias", dijo la diputada. Y afirmó que la idea no es plantear un salvataje bancario ni el uso de fondos públicos para pagar deudas privadas, sino "proponer una regla clara y justa: prevenir la concesión irresponsable de crédito, proteger el plato de comida en la mesa de los argentinos y dar un mecanismo ordenado para pagar lo posible y salir de la condena de la deuda perpetua".
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Detalló como puntos clave del proyecto de ley la Protección Inviolable del Mínimo Vital (piso en el valor de la Canasta Básica Total); Freno a los Embargos y Descuentos Automáticos (si se afecta la subsistencia del deudor); Sanción al Crédito Irresponsable y Acoso Financiero (determinar capacidad de pago); Conciliación Gratuita y Unificada (para una plan unificado de pago con un plazo máximo de hasta 36 o 60 meses), y Segunda Oportunidad" y Liberación de Saldos (Zero Income / Salvataje) para aquellas personas que demuestren una incapacidad absoluta de pago y ausencia de bienes realizables. Destacó Zigarán que el proyecto no representa ningún gasto fiscal ni creación de nuevos organismos o fondos estatales.
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