Se complica Cisneros: la Procuraduría de Trata entra en la causa Vélez y profundiza la investigación sobre su entorno

La investigación federal que tiene entre sus principales apuntados al diputado Carlos Cisneros sumó un nuevo capítulo. El fiscal Rafael Vehils Ruiz dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas para profundizar la hipótesis de un presunto sometimiento de Lourdes Parache y reconstruir qué ocurrió detrás de la denuncia contra cuatro jugadores de Vélez Sarsfield, finalmente sobreseídos.

La causa también tiene como investigados a la abogada Patricia Neme y a Federico Petraglia. Los tres fueron indagados en septiembre y rechazaron las acusaciones. Hasta el último estado conocido del expediente, ninguno había sido procesado. La intervención de la Procuraduría permitirá sumar herramientas de investigación, analizar documentación y examinar testimonios, aunque no implica que el organismo haya llegado a una conclusión contra los acusados.

Uno de los elementos centrales es un mensaje que Parache envió el 4 de marzo de 2024, dos días antes de presentar la denuncia por abuso sexual. En una conversación con su amiga Rosario Molina escribió: «Fede me hizo ir a la ginecóloga para que me dé una constancia», «Bueno eso es x si algún día quiero denunciar» y «Pero yo le dije a Fede que no quiero».

Los mensajes fueron incorporados al informe técnico 48.935, elaborado por el perito oficial Gerardo José Marranzino. El 6 de marzo, a las 20.30, Parache presentó la denuncia. Entre ambos momentos aparece una cadena de intervenciones de personas vinculadas a la Caja Popular de Ahorros y a La Bancaria. La negativa inicial no demuestra por sí sola que haya sido obligada a denunciar, pero abre un interrogante que la Fiscalía busca despejar: qué ocurrió entre aquella conversación y la presentación formal.

En los mensajes, Parache también relató que le había contado lo sucedido a su jefa, que esta habló con el subinterventor de la Caja Popular y que «ahí lo llamaron a Carlos y me llamó Fede». Su jefa era Alejandra Salgado y el subinterventor, Miguel Darío Amatti, vinculado a La Bancaria. El propio Cisneros reconoció públicamente que su sector había propuesto a Amatti para ese cargo.

También aparece Petraglia, empleado de la entidad, a quien Parache atribuyó haberla enviado a una consulta ginecológica y haber realizado gestiones relacionadas con las cámaras del hotel Hilton. La investigación debe distinguir entre consultar por la existencia de cámaras, pedir que se preserven imágenes y obtener efectivamente las grabaciones: son acciones diferentes.

Otro episodio involucra a Patricia Neme. El 3 de abril de 2024, la testigo Milagros Castellote le contó a su padre, en un mensaje de voz, que Cisneros la había llamado y le había dicho: «Yo te puse una abogada, que es la Patricia Neme». El audio está incorporado al informe técnico, aunque se trata del relato de Castellote sobre esa conversación y no de una grabación directa del diputado. La situación abrió interrogantes sobre el asesoramiento a testigos y el manejo de comunicaciones relevantes para la causa provincial.

El expediente también expone una serie de representaciones profesionales cruzadas. Juan Andrés Robles patrocinaba a Cisneros desde antes del caso Vélez, representó a Parache en el proceso provincial y luego asumió la defensa federal del diputado, Neme y Petraglia. José César Díaz, quien condujo la Caja Popular entre 2019 y enero de 2026, pasó a intervenir como abogado de Parache después de dejar el cargo. Por su parte, Pedro Alberto Manuel Parra representa a la joven en la causa federal y había actuado por Petraglia en un expediente provincial.

A esas relaciones se suman coincidencias notariales: el 30 de marzo de 2026, Parache otorgó poder a Robles y Díaz y, en la escritura inmediatamente posterior, las tres hijas de Cisneros hicieron lo mismo con esos abogados. Estos vínculos no prueban por sí mismos una maniobra ilegal ni una situación de coacción, pero forman parte de los elementos que pueden examinarse para determinar si la joven contó con asesoramiento independiente.

La propia posición de Parache también plantea un punto de tensión. En marzo de 2026 negó ante la Justicia federal haber sido víctima de trata. Sin embargo, en un mensaje de noviembre de 2025 había descrito su situación con expresiones como «sin poder de decisión» y «cumplir órdenes sin preguntar ni chistar». Ambas manifestaciones deberán ser analizadas en contexto y contrastadas con el resto de las pruebas.

La hipótesis fiscal busca determinar si la joven fue sometida para sostener actuaciones judiciales o mediáticas que no quería realizar. Para que los hechos configuren trata con fines de explotación laboral no alcanza con demostrar influencia política, vínculos sindicales o relaciones profesionales: debe acreditarse que existió un servicio involuntario exigido bajo una amenaza o consecuencia concreta. La defensa de Cisneros rechazó el supuesto «sometimiento funcional» y sostuvo que nunca fue empleador ni superior jerárquico de Parache. Neme y Petraglia también negaron las imputaciones.

Mientras tanto, los cuatro futbolistas denunciados por Parache fueron sobreseídos por el juez Augusto Paz Almonacid, en una decisión que quedó firme en septiembre de 2026. La joven no tiene una condena firme por falsa denuncia.

Ahora, el juez federal Guillermo Díaz Martínez deberá resolver la situación procesal de Cisneros, Neme y Petraglia: podrá dictar el procesamiento, disponer la falta de mérito o sobreseerlos. La intervención de la Procuraduría de Trata no anticipa el resultado, pero suma una instancia especializada a una causa que busca esclarecer qué ocurrió entre aquel mensaje en el que Parache decía que no quería denunciar y la presentación que realizó dos días después.