Un especialista calificó de «improcedente» el pedido de desafuero del diputado Joaquín Beltrán

El abogado Roberto Gabriel Bracco envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados de San Luis, Alberto Leyes, y al Cuerpo legislativo para advertir que es «improcedente» el pedido de desafuero del diputado Joaquín Beltrán, imputado en la causa conocida como «Molino Fénix».

El Ministerio Público Fiscal envió la solicitud a la Legislatura el 28 de agosto, luego de que el juez Santiago Ortiz dictara prisión preventiva a otros tres acusados. Anabela Lucero, pareja de Beltrán, Enzo Lucero y Exequiel Scarel permanecen alojados en el Servicio Penitenciario. El quinto imputado, Diego Torres, continúa en libertad.

Como Beltrán tiene fueros por ser legislador provincial, el juez no le dictó ninguna medida de coerción y le advirtió a Fiscalía que debía solicitar el desafuero. Para que se produzca, el desafuero necesita de dos tercios de los presentes en la sesión de Diputados.

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Bracco señaló en su nota que el pedido del MPF es «improcedente» y «corresponde rechazarlo» porque «no reúne los requisitos exigidos por el art. 88 del Código Procesal Penal de la provincia de San Luis -LEY VI-152-2021-, ya que en el expediente que origina la desafortunada presentación no se ha formulado acusación contra el Diputado Beltrán, encontrándose dichos obrados aún en etapa de investigación penal preparatoria«.

El abogado defensor, que también representa a Beltrán en la causa, ya había planteado objeciones a la ampliación de cargos presentada por la Fiscalía durante la audiencia del lunes.

Como el pedido tomó estado legislativo la semana pasada, la comisión de Legislación General podría resolver este martes emitir despacho para su tratamiento al día siguiente. Sin embargo, el oficialismo no reuniría aún los votos para proceder con el pedido.

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La Fiscalía estima un perjuicio superior a los $900 millones para la Administración Pública por las presuntas maniobras irregulares cometidas entre 2020 y 2023 en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

Los cargos incluyen administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia y asociación ilícita. Según la formulación admitida por la Justicia, Beltrán y Lucero están imputados como presuntos jefes de la organización, mientras que el resto de los acusados fueron imputados como partícipes necesarios.

La acusación sostiene que se habrían realizado contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis, algunas de las cuales no figuraban como proveedoras del Estado, y que de 116 cheques analizados, solamente cuatro estaban en orden. También se investiga la presunta destrucción de registros contables y evidencia digital, incluyendo el borrado remoto de información de teléfonos celulares que se encontraban bajo custodia judicial.

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