Un exfiscal confesó que usó fondos judiciales para jugar

El exfiscal de Delitos Económicos de Rosario, Mariano Ríos Artacho, reconoció ante la Justicia que utilizó dinero depositado en cuentas judiciales para fines personales y vinculó esas maniobras con su adicción al juego. La declaración ocurrió durante la segunda jornada del juicio que investiga el presunto desvío de unos $425 millones entre 2017 y 2024.

Ríos Artacho, quien permanece detenido desde la semana pasada, admitió haber dispuesto de fondos que debía administrar en su función judicial. Sin embargo, negó haber encabezado una asociación ilícita junto a otros diez acusados, tal como sostiene la Fiscalía.

Durante su declaración, Ríos Artacho reconoció su problema con el juego y aseguró que su adicción comenzó en 2013, cuando todavía trabajaba como funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué.

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El exfuncionario admitió que durante años manejó dinero de cuentas judiciales prácticamente como si fuera propio. En medio de su exposición, se quebró y pidió perdón a su familia.

Su reconocimiento de las maniobras, sin embargo, no implicó aceptar la totalidad de la acusación. El exfiscal sostuvo que no existió una estructura organizada para apropiarse de fondos y aseguró que fue él quien tomó las decisiones que terminaron involucrando a las demás personas investigadas.

La Fiscalía acusa a Ríos Artacho de haber encabezado una asociación ilícita integrada por otras diez personas. Según la investigación, el grupo habría utilizado fondos provenientes de expedientes judiciales, entre ellos dinero correspondiente a fianzas, cauciones y sumas secuestradas durante procedimientos.

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Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani estimaron el perjuicio en unos $425 millones y señalaron distintas maniobras vinculadas con el movimiento irregular del dinero.

Entre los hechos investigados aparecen restituciones de fondos a personas que no serían víctimas, dinero secuestrado que presuntamente no llegó a las cuentas correspondientes y movimientos que habrían terminado destinados a inversiones y al juego.

Uno de los puntos centrales de la declaración fue la relación de Ríos Artacho con los otros diez imputados.

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El exfiscal rechazó la acusación de haber liderado una organización criminal y afirmó que él mismo involucró al resto de los acusados en las maniobras.

Su versión busca marcar una diferencia con la hipótesis de los investigadores: reconoce el manejo irregular de los fondos, pero cuestiona que haya existido una asociación ilícita estable y organizada.

La adicción al juego también apareció en la defensa de otro de los acusados, Fabricio Emanuel Romero. Su abogado, Gonzalo Rucci, cuestionó que los imputados hayan formado una organización destinada a sustraer dinero público y sostuvo que algunos de ellos se conocieron en casinos.

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Según el defensor, algunos jugadores que se autoexcluyen de establecimientos de Santa Fe buscan otras salas dentro del país o incluso en Uruguay y Brasil para continuar apostando. La estrategia apunta a que la problemática de la ludopatía sea considerada al momento de analizar las responsabilidades individuales.

Ríos Artacho dejó su cargo como fiscal en 2024, mientras atravesaba un proceso de destitución impulsado por la Legislatura de Santa Fe. Posteriormente retomó su actividad como abogado y llegó a intervenir como defensor particular en causas penales.

La acusación actual incluye los delitos de peculado, fraude, falsedad ideológica y asociación ilícita. El proceso deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los once imputados y establecer cuánto dinero fue efectivamente desviado.

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El juicio deberá establecer si existió una organización criminal con funcionamiento estable, como sostiene la Fiscalía, o si las maniobras ocurrieron de la manera que planteó Ríos Artacho durante su declaración.

También deberá determinarse la participación concreta de cada acusado y el monto final del perjuicio. Por ahora, el reconocimiento del exfiscal constituye uno de los elementos centrales de un proceso que investiga el presunto desvío de cientos de millones de pesos de fondos judiciales.

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