Una causa del caso Alberdi avanza a paso lento y en la otra no hubo ninguna novedad

Resumen para apurados

Un año después del doble crimen registrado en Salta, en junio de 2025, estalló un escándalo que tuvo derivaciones judiciales y políticas. En un caso sin precedentes conocidos en la provincia, funcionarios fueron acusados de haber utilizado la estructura de la Municipalidad de Alberdi para realizar maniobras de lavado de activos con fondos presuntamente provenientes de distintas actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.

La polémica estalló cuando se difundió un audio de una conversación entre el entonces intendente Luis Armando Campos y el empresario Roque Cayetano "Chipi" Giménez. En ese diálogo se mencionaban supuestos vínculos con el narcotráfico, negocios realizados con fondos públicos y presuntas maniobras irregulares dentro de la administración municipal. El escándalo tuvo una fuerte repercusión política e institucional y terminó con la intervención del municipio, dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Después de una larga discusión procesal, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia provincial y de la Federal, aunque por hechos y posibles delitos diferentes. La primera debía investigar las presuntas maniobras de malversación de fondos públicos. Sin embargo, a casi un año y medio de haberse iniciado la causa, todavía no se formularon acusaciones contra los sospechosos.

La causa sí avanzó en los tribunales federales. El fiscal Rafael Vehils Ruiz, con la intervención del juez José Manuel Díaz Vélez, comenzó a investigar la posible existencia de una organización que habría utilizado la estructura administrativa del municipio para concretar operaciones económicas irregulares, desviar recursos públicos y dar apariencia de legalidad a fondos de presunto origen ilícito. Una de las principales hipótesis es que determinadas contrataciones municipales podrían haber sido utilizadas para justificar movimientos de dinero que no tenían respaldo suficiente.

En octubre de 2025, el juez Díaz Vélez dictó el procesamiento de seis personas: el ex intendente Campos; su esposa, la legisladora Sandra Figueroa; el ex secretario de Hacienda, José del Carmen Roldán; el ex secretario de Acción y Desarrollo Social. Pablo Exequiel Barrionuevo; el ex concejal José Albano Loru; y el empresario Giménez. Además, dispuso embargos de $250 millones para Campos, Figueroa, Barrionuevo y Loru, y de $200 millones para Giménez y Roldán.

Con excepción del matrimonio Campos-Figueroa y de Roldán, los demás procesados permanecen detenidos en el penal de Benjamín Paz. El ex secretario de Hacienda recibió el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud. Los defensores vienen intentando, sin éxito, conseguir la libertad de sus asistidos. Sostienen que no se reunieron pruebas que demuestren un crecimiento patrimonial injustificado ni vínculos de los acusados con el narcotráfico.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había detectado movimientos de dinero mediante cheques cobrados por ventanilla durante 2023 y 2024. En el caso de Alberdi, las operaciones bajo análisis alcanzaban aproximadamente los $6.000 millones.

En marzo de 2026, mientras se archivaban las actuaciones relacionadas con otros cuatro municipios tucumanos, la Justicia Federal resolvió que la investigación sobre Alberdi debía continuar. Las actuaciones vinculadas con los retiros bancarios fueron remitidas al Juzgado Federal N° 2 para su incorporación a la causa principal.

Esta decisión permitió ampliar el análisis de las presuntas irregularidades y abrió una nueva línea de investigación para determinar si existía alguna relación entre las extracciones millonarias y las maniobras que ya estaban bajo sospecha.